SANTO DOMINGO (R. Dominicana).-La Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) declaró inadmisible un recurso de casación que interpuso la doctora Liliana Santana, imputada que buscaba anular una sentencia en la que se dispuso su envío a un juicio de fondo por el asesinato de la menor Carla Massiel Cabrera, cuyo cadáver fue encontrado sin órganos.

Santana es hija de Hipólito Santana, fallecido propietario de la clínica Integral de Santo Domingo Este.

En la sentencia, la Suprema Corte de Justicia devolvió el expediente a un tribunal ordinario para que conozca el juicio de fondo a Santana. El caso lo llevará el Tercer Tribunal Colegiado de Santo Domingo Oeste.

El abogado Plutarco Jáquez y la señora Diolandita Cabrera, quien es la madre de Carla Massiel, reaccionaron satisfechos por la decisión de la Suprema Corte y dijeron que van en busca de una condena de 30 años contra la imputada.

“No importa que hayan pasado cinco años y medio, nosotros vamos a proseguir con este proceso. Esta decisión de la Suprema es importante porque crea un precedente que le dice a las personas que no importa que el Ministerio Público esté en contra suya, que usted como víctima esté solo. La Suprema le dice a cada ciudadano que puede presentar su acusación de manera particular y tendrá respuesta”, dijo Plutarco Jáquez.

La sentencia que Liliana Santana había recurrido ante la Suprema Corte de Justicia fue emitida por la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo Este, la cual revocó el No Ha Lugar dictado a su favor en mayo de 2018 y emitió un Auto de Apertura a Juicio en su contra y de Darwin Trinidad Infante y Juan Cabral Martínez.

En febrero del año pasado Trinidad Infante y Cabral Martínez fueron condenados a 30 años de prisión, tras ser encontrados culpables del secuestro y muerte de Carla Massiel Cabrera en agosto de 2015, en un largo proceso que estuvo a cargo de la jueza Hilda Sánchez.

El asesinato

La niña Carla Massiel desapareció el 25 de junio de 2015, tras salir de un culto evangélico en proximidades de su residencia en la comunidad de Los García, del municipio de Pedro Brand, y su cadáver fue encontrado el 16 de agosto de 2016 en un lugar cercano.

Cortesía de la agencia EFE
Santiago de Chile.-La Cámara de Diputados de Chile aprobó la creación de una comisión para investigar las violaciones a mujeres y niñas en Haití presuntamente cometidas por militares chilenos en misiones de paz de la ONU.
Por 83 votos a favor, tres en contra y 30 abstenciones, la Cámara Baja dio luz verde a "fiscalizar" los actos del Gobierno que estarían "relacionados con los presuntos casos de violaciones de derechos humanos, violaciones y abusos sexuales llevadas a cabo por agentes del Estado, funcionarios o efectivos de las Fuerzas Armadas".
Una reciente investigación publicada en el portal académico The Conversation, que fue replicada por medios como The Washington Post o The New York Times, denunció un fenómeno generalizado de violaciones a mujeres y niñas haitianas cometidos por cascos azules de la Misión de Estabilización de la ONU en Haití (Minustah) entre 2004 y 2017, un 20 % de las cuales fueron supuestamente cometidas por soldados chilenos.
Según el informe, los soldados abusaron de mujeres a cambio de dinero y comida y dejaron embarazadas y abandonaron a al menos 265 niños en Haití.
Los militares chilenos serían los terceros que más violaciones cometieron, después de los brasileños y uruguayos, y Cap-Haitien, el lugar donde estuvieron las tropas de Chile, alberga al 8,7 % de los niños hijos de soldados de la Minustah.
Ahora, la comisión de la Cámara de Diputados de Chile tendrá el cometido de indagar sobre los protocolos en materia de denuncias por abusos sexuales, violaciones, comisiones de otros delitos, y en particular sobre abusos de poder en contra de la población civil de los países receptores de las misiones de paz, tanto internacional como nacional.
También ahondará en las posibles sanciones y sus procedimientos en los casos que se consideren probados estos delitos por parte de agentes chilenos.
En la misma línea, el documento aprobado hoy subraya la necesidad de investigar "la responsabilidad de los altos mandos" de las fuerzas del Estado por los presuntos abusos cometidos por sus funcionarios en el extranjero, así como las acciones que tomaron a raíz de los hechos.
La comisión dispondrá de un plazo de 45 días para entregar su informe a la Sala de la Cámara de Diputados.
El escándalo de los militares chilenos en Haití se destapó en medio de la crisis social más grande que vive Chile desde la vuelta a la democracia en 1990, y que ha puesto a las fuerzas de seguridad del estado bajo el foco de numerosas organizaciones internacionales como la Corte interamericana de Derechos Humanos (CIDH), o asociaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional (AI).
 

SANTO DOMINGO (R. Dominicana).-El presidente de la Suprema Corte de Justicia, magistrado Luis Henry Molina Peña, demarcó este martes los principales problemas que afectan al sistema de justicia del país, al pronunciar por primera vez su discurso en la audiencia solemne a propósito del Día de Poder Judicial.
Al iniciar sus palabras ¡En nombre de la República!, comprometió a juezas y jueces a ser honorables y dedicados para proteger la honra y el trabajo y garantizar la probidad que sostiene la confianza en las instituciones. “Nuestra independencia como jueces no radica solo en la neutralidad de nuestras sentencias, se nutre de la conducta diaria, antes, durante y después de dictar sentencia”, señaló.
El magistrado Molina Peña pronunció el discurso de la audiencia solemne que, como es de rigor, celebró el Pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) en presencia del presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, y con la asistencia de representantes del sistema judicial, la comunidad académico-jurídica, así como los órganos constitucionales, el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional.
Durante sus palabras, esbozó el plan estratégico denominado Visión Justicia 20/24, que inició con un camino de consultas observando con distintas lentes las problemáticas del sistema: “Enfrentamos retos grandes, es tiempo de hacerles frente”, indicó al describir su compromiso de asegurar un sistema de justicia con certeza jurídica que haga posible la convivencia pacífica y el desarrollo económico. “Llevar acceso digno a las distintas instalaciones, con respuesta pronta a quienes requieren servicios eficientes”.
“La protección en igualdad ante la ley demanda especial sensibilidad hacia quienes hoy son más vulnerables. En ese ámbito, la forma en que la violencia contra las mujeres se ha expresado en nuestro país constituye un dolor y una gran vergüenza que debe llamarnos a la reflexión y sobre todo a la acción”, proclamó Molina Peña.
Explicó que en cada departamento judicial habrá Centros Especiales de Entrevistas para víctimas de violencia en materia de género, conocidos como Cámara Gessel, para garantizar la privacidad y evitar la revictimización de las mujeres y que la Escuela Nacional de la Judicatura, desarrollará a partir de marzo un programa nacional de entrenamiento y sensibilización al personal judicial y administrativo.
Al mencionar al juez presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico, doctor José Trías Monge, resaltó el criterio de que “la justicia tardía pierde el derecho a su nombre”. “No es posible que ciudadanos y ciudadanas tengan la vida suspendida, porque no sale una decisión de los tribunales. O que un derecho personal o económico sea vulnerado porque las medidas de urgencia para protegerlo estén en retardo”, declaró.
Llamó a limitar con firmeza y decisión las maniobras dilatorias injustificadas que retardan los procesos judiciales y aplicar mecanismos administrativos y hasta trabajar en horario extendido para acabar con la mora judicial. En ese sentido, informó que la Suprema Corte de Justicia tiene 18,357 casos pendientes de resolución y anunció que asumirá de inmediato los casos de mayor antigüedad, y de inmediato se encargará personalmente de los expedientes de la primera década de este siglo.
Aseguró también combatir la inequidad en la distribución de la carga judicial, lo que implicará mecanismos distintos de distribuir los casos entre los tribunales y jueces y de administrar de forma más eficiente el presupuesto del Poder Judicial. “No es razonable que, si nuestra principal tarea es impartir justicia, la totalidad de nuestros tribunales accedan solo al 68% del presupuesto, mientras que el Consejo del Poder Judicial, cuya función es de administración recibe el 32%”, declaró.
El presidente de la SCJ resaltó el trabajo de juezas y jueces y sostuvo que da fe y testimonio de la honorabilidad y la excelencia de su inmensa mayoría, destacando que hoy día 774 de los 778 jueces y juezas son de carrera.
En adición, Molina Peña ha concebido un sistema de integridad para el fortalecimiento de las normas éticas y del régimen disciplinario, “Una justicia más transparente para tener más confianza en su servicio”. Con ello se persigue un mayor rigor y cumplimiento de las reglas, mayor capacidad de rendición de cuentas y evaluación de indicadores de desempeño.
Incluye, además, un plan de formación permanente de los jueces, que fortalezca el enfoque en la calidad de los fallos y la reducción de errores.
“Con humildad, pero también con la responsabilidad que supone hacerlo en nombre de la República y en representación de este grupo excepcionalmente formado y trabajador, de mujeres y hombres que integran nuestro Poder Judicial, les pido a los dominicanos y dominicanas apoyo, tiempo y fe”, proclamó el magistrado Luis Henry Molina Peña, resaltando que este proceso de transformación requiere de tiempo, continuidad y estabilidad.
En la Audiencia Solemne, que introdujo varios cambios en esta ocasión, se incorporó por primera vez una barra con testigos de honor en representación de sectores en condición de vulnerabilidad.
Kenia Lora, presidenta ejecutiva del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), participó en representación de niños y niñas; Soraya Lara Caba, presidenta del Patronato de Ayuda a las Mujeres Maltratadas (Pacam), por las mujeres víctimas de violencia; mientras que por las personas con discapacidades asistieron Mery Pérez de Marranzini, presidenta fundadora de la Asociación Dominicana de Rehabilitación, y Francina Hungría, que preside la fundación homónima.
Los actos oficiales se iniciaron esta vez con la audiencia solemne, celebrada a las 9:00 de la mañana en la Sala Augusta de la SCJ; le siguieron una misa de acción de gracias en la catedral, presidida por monseñor Francisco Ozoria Acosta, arzobispo de Santo Domingo, y una ofrenda floral en el Altar de la Patria, donde pronunció unas palabras el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez.
 

SANTO DOMINGO (R. Dominicana).-El presidente Danilo Medina afirmó este lunes que “se acerca el momento de saludar la llegada del año 2020, y quiero anticipar al pueblo dominicano los mejores deseos de confianza y esperanza en los logros que habremos de alcanzar en el nuevo decenio”.

“Deseo con toda sinceridad que miremos con optimismo el cercano futuro que nos aguarda, para que avancemos en la consecución de los propósitos personales y colectivos dirigidos al mayor bienestar de la población”.

El jefe de Estado hizo estas afirmaciones en su tradicional mensaje con motivo de finalizar el año 2019 y dar inicio al 2020, dado a conocer por el portavoz del Gobierno y director general de Comunicación, Roberto Rodríguez Marchena, a través de su cuenta de la red social Twitter @RodrigMarchena.

“Además de fortaleza, necesitamos que el nuevo año nos impregne de un entusiasmo sin límites, para continuar encaminándonos hacia el logro de más unión, armonía, respeto y solidaridad en nuestras familias y comunidades”.

Asimismo, manifestó sus deseos de que este 2020 sea un año de grandes realizaciones que contribuyan a seguir democratizando la sociedad dominicana.

“En nombre de mi esposa Candy, de nuestras hijas y en el mío propio, envío a nuestro pueblo un saludo solidario, acompañado de los mejores deseos de paz y felicidad”.

“Dios bendiga y guíe a nuestro pueblo. ¡Feliz Año 2020!”, concluyó el Gobernante.