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Justicia

Justicia (19)

 DUARTE-(República Dominicana):- Fueron sentenciados a 20 años de prisión dos hombres que fueron acusados por el Ministerio Público de haber intentado quitarle la vida a sus exparejas tras agredirla de varias estocadas de arma blanca en distintas partes del cuerpo.

Las sentencias condenatorias fueron impuestas por el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal de la provincia Duarte en contra de Tomás Leonardo Burgos y de Willy Lugo Kingley, alias Lachy, quienes le propinaron 21 y 28 estocadas de arma blanca a sus respectivas exparejas, cuyos nombres se omiten por razones de seguridad.

En un comunicado de prensa difundido por el Ministerio Público se informó que ambos fueron condenados por la violación de los artículos 2, 295, 296, 309-1, 309-2 y 309-3, letras A, B, C, D, E, F y G del Código Penal Dominicano, modificado por la Ley No. 24-97 sobre Violencia de Género e Intrafamiliar.

El tribunal ordenó que Tomás Leonardo Burgos y Willy Lugo Kingley cumplan sus respectivas sentencias condenatorias en el Centro de Corrección y Rehabilitación Vista al Valle, del municipio de San Francisco de Macorís, provincia Duarte.

El expediente instrumentado por el Ministerio Público contra Tomás Leonardo Burgos, establece que el condenable hecho ocurrió el 7 de noviembre de 2017, mientras la víctima se encontraba laborando en una Banca de Lotería del municipio de Pimentel en esta provincia.

En tanto que la acusación contra Willy Lugo Kingley indica que éste agredió a su expareja durante un incidente ocurrido el 28 de marzo del pasado año en momentos que se presentó a la residencia de la víctima a llevar un menor de edad que había procreado con la víctima.

El tribunal, compuesto por los jueces Nilsa Marte, Carminia Caminero y Rogi Del Carmen Figueroa, dictaron las sentencias condenatorias luego de acoger la petición hecha por los fiscales de este distrito judicial, quienes demostraron con distintas pruebas la comisión de estos graves hechos que causaron gran indignación en esta provincia.

A través de un comunicado de prensa, el Ministerio Público detalló que la Investigación estuvo a cargo de la fiscal Gladys Germán Bonilla, mientras que la litigación en juicio de fondo estuvo a cargo de la fiscal Sandra Sierra Difó, ambas procuradoras fiscales del Distrito Judicial de Duarte.

El órgano acusador calificó de positiva la sentencia en la lucha contra la violencia de género, al tiempo que destacó que cada día están haciendo los mayores esfuerzos para lograr que esos graves hechos sean condenados de manera justa.

  SANTO DOMINGO-(República Dominicana):- El Ministerio Público del Distrito Nacional logró que el Séptimo Juzgado de la Instrucción acogiera su solicitud y dictara apertura a juicio de fondo contra 16 personas involucradas en el tráfico de un alijo de 1,570.41 kilogramos de cocaína, el cual fue confiscado en el interior de la embarcación de carga KALUBA, en el Puerto de Sans Souci, el 31 de diciembre de 2017.

 El Ministerio Público, representado en audiencia preliminar por la procuradora fiscal Roxanna Campusano, logró que la jueza Kenya Romero admitiera la acusación con el grupo y que acogiera todas las pruebas presentadas, considerando que eran suficientes y que fueron recabadas de conformidad a la normativa procesal vigente.

 Por el caso están siendo acusados los dominicanos Ernesto Bienvenido Guevara Díaz, alias “Maconi”, Carlos Julio Cuesta Féliz, Dante Meraldo Medina, Dante Wilfredo Medina, Salvador Gómez Cuevas, René Cuesta Féliz, Fermín Samboy Cuevas, Damerides Gómez Saldaña, Elvis Langomas Medina y Teurison Valenzuela Samboy.

 También, fueron acusados el venezolano José Quijada Salazar, los colombianos Silvio Ibarra Vega y Manuel Escobar Bolaños, el cubano Pedro Betancourt Tabio, el nicaragüense Joel Ponce Ordoñez, y el hondureño Marbin Lambert Harry.

 Se recuerda que todos los acusados cumplen medida de coerción consistente en prisión preventiva, la cual les fue ratificada por el tribunal durante la audiencia.

 

 

 

 

 

 

 

Sobre los hechos, el órgano persecutor destacó que para dar al traste con el referido cargamento de droga, el Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) iniciaron una ardua labor de investigación que incluyó labores de inteligencia que permitieron interceptar la embarcación KALUBA, registro No. IMO6828753.

 

Indicó que dicha embarcación fue interceptada, abordada y requisada a 200 millas náuticas en aguas internacionales por el Servicio de Guarda Costa de Estados Unidos, encontrando 12 tripulantes a bordo y se procedió a trasladar hasta aguas nacionales.

 

Una vez que la embarcación fue llevada al puerto de Sans Souci, miembros de la DNCD conjuntamente con los representantes del Departamento de Investigación de Tráfico y Consumo de Drogas del Distrito Nacional ocuparon 75 sacos de nylon, dentro de los cuales fue encontrada la droga que había sido escondida en un compartimiento secreto del barco.

 

El Ministerio Público señaló que los hechos de este caso constituyen una violación a lo que se establece en las leyes No. 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas en República Dominicana y 155-17 sobre el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en perjuicio del Estado dominicano.

 

La institución destacó que junto a las demás instituciones a cargo del combate del narcotráfico siguen trabajando firme y con estrategias concretas, logrando dar golpes contundentes al narcotráfico como lo demuestra este caso, al tiempo que dijo continuará con sus esfuerzos para lograr que estos hechos sean debidamente sancionados.

 

 

AZUA-(República Dominicana):- El Tribunal Colegiado de este distrito judicial acogió la solicitud del Ministerio Público y dictó 30 años de prisión contra cada uno de tres hombres, dos de nacionalidad venezolana y un colombiano, que fueron hallados culpables de traficar con más de ochocientos kilogramos de cocaína.

 La sentencia condenatoria fue dictada contra los ciudadanos venezolanos Diego Alexander Carreño y Jean Carlos de Jesús Rivera, y el colombiano Jairo de Jesús López Arias, quienes además de los noventa años de prisión que en total les fueron impuestos, también fueron sentenciados al pago de las costas penales del proceso y una multa de RD$1 millón. 

El tribunal también ordenó la destrucción de los 807.21 kilogramos de cocaína clorhidratada confiscados y el decomiso de la embarcación venezolana, de pesca artesanal, tipo Piragua, de 28 de eslora donde fueron ocupados los narcóticos, así como una pistola marca Glock, negra y niquelada, sin numeración, con su cargador y seis cápsulas, y otros objetos que fueron confiscados a los acusados durante la investigación.

 El tribunal, integrado por los jueces Camilo Segura Piña, Adelaida Luciano De León y Abrahan Concepción, acogió la acusación presentada por el fiscal Ángel Augusto Arias Méndez, quien probó que los encartados violaron las leyes dominicanas.

 El Ministerio Público calificó los hechos como violación a la Ley No. 50-88, modificada por la Ley 17-95 sobre Drogas y Sustancias Controladas en los artículos 4-D, 58-A, 59-1 y 106, que tipifican el tráfico internacional de drogas ilícita al territorio nacional, así como de violación  a los artículos 66, 67 y 68 de la Ley No. 631-16 que sanciona el delito de tráfico ilícito de armas y la importación de otro territorio hacia la República Dominicana, además de violar la Ley No. 285 sobre Migración en la República Dominicana, todo ello en perjuicio de Estado dominicano.

 Sobr este caso de narcotráfico internacional, el Ministerio Público hizo constar en el expediente que en fecha 1 de agosto de 2017 los acusados fueron arrestados por miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), con apoyo de la Armada de la República Dominicana y la colaboración del Ministerio Público de la región sur (Barahona), luego que fuera interceptada la embarcación con la citada cantidad de drogas.

 En un comunicado de prensa, el Ministerio Público destacó que esta sentencia es una muestra del avance en la lucha contra el narcotráfico en coordinación con las demás autoridades nacionales y la cooperación jurídica internacional.

SANTO DOMINGO-(República Dominicana):- El Ministerio Público del Distrito Nacional logró que la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente le impusiera medidas de coerción a cuatro detenidos durante allanamiento, realizado el pasado domingo 3 de marzo, en un centro de acopio y distribución ilegal de máquinas tragamonedas, localizado en la avenida 27 de febrero. A través de un comunicado de prensa se informó que contra el imputado Felipe Santiago Toribio, el Ministerio Público obtuvo tres meses de prisión preventiva, medida que deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional La Victoria.

Mientras que contra los imputados José Andrés Pérez, Theany Franco Sánchez y Héctor Villar Valdez logró que dicho tribunal le impusiera medidas de coerción consistentes en presentación periódica y el pago de una garantía económica de RD$100,000.00. El órgano investigador informó que el grupo se presume que forma parte de una organización delictiva dedicada al lavado de activos, tráfico de armas, contrabando y evasión de impuestos.

Cabe destacar que el Ministerio Público inició una investigación respecto a este caso y en virtud de los resultados arrojados en esta etapa del proceso se obtuvo la autorización judicial para ejecutar un allanamiento en el establecimiento Repuesto La 27 Auto Part y Global Gomas, donde se encontraba el centro de operaciones de esta organización criminal. Los representantes del Ministerio Público lograron ocupar durante el allanamiento decenas de máquinas tragamonedas, armas de fuego, municiones, considerables sumas de dinero en efectivo, tanto en pesos dominicanos como en dólares norteamericanos.

El expediente establece que mediante la investigación preliminar se han identificado varios bienes e inmuebles a nombre del imputado Felipe Santiago Toribio, los cuales evidencian que ha incurrido en el ilícito de lavado de activos.

El Ministerio Público señala que el presente caso se ha calificado preliminarmente como lavado de activos mediante la adquisición de bienes muebles e inmuebles producto del dinero obtenido del tráfico de armas, evasión fiscal como delito tributario y contrabando, los cuales son sancionados por la Ley No. 155-17 sobre Lavado de Activos, en sus artículos 3 numerales 1, 2, 3, 4 y 5, y 9 numerales 1 y 2, Ley General de Aduana (Ley 3489) y el Código Tributario de la República Dominicana.

SANTO DOMINGO-(República Dominicana):- El Ministerio Público del Distrito Nacional obtuvo tres meses de prisión preventiva contra un hombre imputado de haberle quitado la vida a otro, durante una discusión que sostuvieron el pasado domingo 3 de marzo, por la suma de RD$50 pesos, mientras apostaban dinero en una jugada de dados.  

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso la medida cautelar en contra del imputado Nilson Rodríguez por la muerte de Yefri Féliz Montes en momentos en que ambos jugaban dados junto a otras tres personas en la intersección de las calles Baltazar Álvarez y Felipe Vicini Perdomo, del sector Villa Consuelo.

 Fue en esas circunstancias que la víctima perdió la cantidad de RD$50.00, la cual debía pagarle a una señora que estaba participando en el juego de azar, pero al fallecido Yefri Féliz Montes no pagarle a la dama, ella le reclamó el desembolso del efectivo al imputado Rodríguez, quien se desempeñaba como encargado de la casa de juegos y éste a su vez le indicó al occiso que él debía pagarle a la señora.

 La solicitud de medidas de coerción destaca que esa situación provocó que se produjera una riña entre el occiso y el imputado, resultando este último con una herida en el brazo izquierdo, mientras que los presentes en virtud de la situación generada sacaron a Féliz Montes del establecimiento de juegos de azar.

 Durante la audiencia, el Ministerio Público explicó que luego de los citados hechos, el imputado portando un cuchillo salió a la calle tras la víctima, originándose un forcejo en el que Rodríguez le ocasionó las heridas corto penetrantes al señor Yefri Féliz Montes, provocándole la muerte.

  Preliminarmente los actos cometidos por el imputado han sido calificados como homicidio y porte ilegal de arma blanca, delitos previstos y sancionados en los artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano, además de los artículos 83 y 86 de la Ley No. 631-16 sobre el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados. 

La medida que le fue impuesta a Rodríguez a causa de los hechos que se les atribuyen deberá ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, de San Cristóbal, conforme ordenó el juez Juan Rodríguez Consoro.

 

 

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